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Amnistía Internacional: El Caso de los Cinco Cubanos (1ra parte)

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Este es un material de los que René está publicando en su blog y que consideramos de interés para todos. Todo el que pueda le recomendamos que visite el blog de Rene en http://rene4the5.com/ ya que allí podrá también ver su intercambio de comentarios con otros internautas. El material de hoy por su extensión lo vamos a dividir en varias partes pero verán lo importante que es.

Fuente: cincoheroes-bounces@listas.cujae.edu.cude parte de»Solidaridad con los CINCO Héroes» <cincoheroes@listas.cujae.edu.cu>

Coordinación de la Red
En el año 2004, a instancias de los amigos de la Campaña de Solidaridad con Cuba en Inglaterra, mi esposa Olga acudió a la sede central de Amnistía Internacional en Gran Bretaña para presentar el caso de los Cinco.
Como resultado del trabajo de años, la organización presentó en 2010 el reporte que sigue. Es hasta el momento el más completo y conciso presentado sobre el caso. Lectura obligada para quien desee aproximarse a él en busca de la verdad.
Documento – Estados Unidos: El caso de los “cinco de Cuba”
Amnesty International Publications
Publicado originalmente en 2010 por
Amnesty International Publications

ÍNDICE
Contexto e historial del caso
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria
Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Prohibición de visitas a las esposas de dos de los presos
Motivos de preocupación expresados por otras organizaciones
Motivos de preocupación en torno si se celebró un juicio justo
Lugar de celebración del juicio
Mociones para el cambio de sede
Recursos en relación con el lugar del juicio y motivos de preocupación conexos
Igualdad de oportunidades
Conspiración para asesinar en el caso de Gerardo Hernández
Conclusión
Contexto e historial del caso
En este informe se recogen los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la imparcialidad del juicio contra los cinco hombres encarcelados en Estados Unidos desde 1998 por cargos relacionados con sus actividades como agentes de inteligencia del gobierno cubano. Los conocidos como “Cinco de Cuba” son Fernando González (alias Rubén Campa), Gerardo Hernández y Ramón Labañino (alias Luis Medina), ciudadanos cubanos, y Antonio Guerrero y René González, de nacionalidad estadounidense. Todos cumplen en la actualidad largas penas de cárcel en prisiones federales estadounidenses.
Los cinco pertenecían, según informes, a un grupo de agentes de inteligencia conocido como la Red Avispa, bajo el mando de la Dirección General de Inteligencia de Cuba y que en Florida se dedicaba a infiltrar agentes en grupos cubano estadounidenses que apoyan un cambio de régimen en Cuba. Fueron detenidos en septiembre de 1998 y acusados de conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de la República de Cuba y de delitos conexos. En el juicio, el gobierno estadounidense alegó que, además de vigilar a los grupos anticastristas, la Red Avispa informaba a Cuba sobre el funcionamiento de instalaciones militares estadounidenses, incluida la Base Aeronaval de Key West, en Florida, en la que uno de los cinco trabajaba de peón. Asimismo alegó que dos de los cinco se encargaban de supervisar los intentos de otros agentes de penetrar en la instalación en Miami del Comando Sur, responsable de las operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe.
Tras una larga detención preventiva y un juicio con jurado ante la corte federal de primera instancia de Miami (Florida), que duró cerca de siete meses, los cinco fueron declarados culpables en junio de 2001 de un total de 26 cargos, entre ellos: actuar y conspirar para actuar como agentes no inscritos oficialmente de un gobierno extranjero; fraude y uso indebido de documentos de identidad; y, en el caso de tres de los acusados, conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional. Los cinco fueron condenados en diciembre de 2001 a penas de prisión de diversa duración, desde 15 años hasta cadena perpetua.
Además de prisión perpetua por conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional, a Gerardo Hernández se le impuso otra cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Ésta se basaba en su presunta participación en el derribo por parte de Cuba de dos aviones operados por la organización estadounidense anticastrista Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.
Los acusados no han negado que actuaran para el gobierno cubano como agentes no inscritos oficialmente, pero sí niegan los cargos más graves contra ellos y alegan que su función era la de vigilar a los grupos cubanos en el exilio responsables de actos hostiles contra Cuba, así como cualquier señal visible de acciones militares estadounidenses hacia Cuba, no la de violar la seguridad nacional estadounidense.2En el juicio no se presentó contra ellos ninguna prueba que demostrara que los acusados realmente habían manejado o transmitido una sola información o documento clasificado, aunque el gobierno estadounidense sostenía que ésa era su intención.
En agosto de2005, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito anuló por unanimidad las condenas de los cinco encausados al concluir que los prejuicios imperantes contra el gobierno de Castro en la comunidad que albergó el lugar del juicio, el condado de Miami-Dade, se habían unido a otros factores en perjuicio de su derecho a un juicio justo. El tribunal ordenó que se celebrara un nuevo juicio fuera de Miami. La decisión fue recurrida por el gobierno estadounidense y posteriormente revocada en agosto de 2006 por el pleno de la Corte de Apelaciones, por una mayoría de diez votos frente a dos.
En junio de 2008, una sala de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito dictó resolución sobre otros motivos de apelación pendientes en la causa. Ratificó las declaraciones de culpabilidad en los cinco casos pero anuló parte de las condenas impuestas a tres de los acusados al concluir que se habían aumentado erróneamente en aplicación de las directrices federales para la determinación de la pena. La decisión anuló las cadenas perpetuas impuestas a Ramón Labañino y a Antonio Guerrero por conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional, ya que en realidad no se había recopilado ni transmitido información de alto secreto. Posteriormente, Ramón Labañino volvió a ser condenado, esta vez a 30 años, por ese cargo, y Antonio Guerrero a 21 años y 10 meses, a cumplir de manera simultánea con otras penas por otros cargos. A Fernando González le fue reducida la pena de 19 años a 17 años y 9 meses, basándose en que la parte de la pena impuesta inicialmente por fraude de identidad había sido excesiva.
El tribunal concluyó que la cadena perpetua impuesta a Gerardo Hernández por conspiración para reunir y transmitir información sobre la defensa nacional también se había exagerado sin razón por los mismos motivos que en los casos de Labañino y Guerrero. Con todo, declinó ordenar una nueva determinación de la pena partiendo de la base de que Gerardo Hernández ya estaba cumpliendo cadena perpetua por conspiración para asesinar, y que cualquier error de cálculo al dictar condena por el otro cargo era “irrelevante para el tiempo que iba a cumplir en prisión”.Gerardo Hernández es el único de los cinco que sigue cumpliendo cadena perpetua. Está cumpliendo simultáneamente dos penas de prisión perpetua más una de 15 años de cárcel.
La decisión de junio de 2008 de ratificar las declaraciones de culpabilidad no fue unánime. Una de los tres magistrados, la jueza Kravitz, discrepó de la decisión de mantener la declaración de culpabilidad por conspiración para asesinar en el caso de Gerardo Hernández argumentando que, en su opinión, el gobierno no había conseguido demostrar fuera de una duda razonable que Hernández había llegado a un acuerdo para derribar los aviones de Hermanos al Rescate en espacio aéreo internacional y matar a sus ocupantes.
El juez Birch coincidió con la opinión del tribunal en todos los asuntos planteados ante él, si bien admitió que el asunto planteado respecto a la declaración de culpabilidad por conspiración para asesinar presentaba “un caso muy reñido”. También aprovechó la ocasión para reiterar su opinión (plasmada en su opinión discrepante a la decisión adoptada por el pleno de la Corte de Apelaciones en agosto de 2006 sobre el lugar de celebración del juicio) de que “la moción para cambiar el lugar de celebración del juicio debería haber sido concedida”, afirmando que “el grado de perjuicio causado a los encausados por los demostrados prejuicios imperantes en la comunidad era tal que sus declaraciones de culpabilidad tendrían que haber sido revocadas”.
En junio de 2009, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó, sin dar un motivo, la admisión a trámite de un recurso contra las declaraciones de culpabilidad de los cinco presos.
En junio de 2010, los abogados de los cinco presentaron otra moción ante la corte federal de primera instancia para solicitar el hábeas corpus sobre la base de nuevas pruebas, que incluían una alegación de asistencia letrada ineficaz en el caso de Gerardo Hernández y nuevas pruebas de presunta conducta indebida por parte del gobierno en el caso. Estas últimas se basaban en pruebas recién descubiertas de que los periodistas que habían escrito artículos perjudiciales para Cuba en Miami durante la celebración del juicio eran empleados a sueldo del gobierno estadounidense que trabajaban para Radio Martí y TV Martí, medios de comunicación anticastristas en Estados Unidos. En el momento de redactarse este documento aún no se había celebrado la vista sobre estos asuntos.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria
En mayo de 2005, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria adoptó una opinión sobre el caso en la que concluía que el gobierno estadounidense no había garantizado a los Cinco de Cuba un juicio justo con arreglo al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), tratado que Estados Unidos ha ratificado. Si bien señalaba que la causa continuaba pendiente ante los tribunales de apelación estadounidenses, el Grupo de Trabajo afirmaba que sus conclusiones se basaban en los hechos y circunstancias descritos, en las respuestas del gobierno estadounidense y en comentarios adicionales aportados por la fuente de la denuncia.6
El Grupo de Trabajo basaba su opinión en tres elementos, uno de ellos el efecto perjudicial de celebrar el juicio en Miami. Además concluía que el hecho de haber mantenido a los acusados en régimen de aislamiento durante una parte de su larga detención preventiva –tiempo durante el cual parece ser que tenían restricciones de acceso a sus abogados y a las pruebas–, así como el hecho de clasificar todos los documentos de la causa como “secretos”, habían reducido las posibilidades de tener una defensa adecuada y habían menoscabado el “equilibrio entre la acusación y la defensa”. Habida cuenta de la gravedad de las condenas impuestas, el Grupo de Trabajo concluía que “estos tres elementos juntos son de tal gravedad que denotan el carácter arbitrario de la privación de libertad de esas cinco personas”,7y pedía al Gobierno que adoptara las medidas necesarias para rectificar esta situación.
El gobierno estadounidense respondió a la opinión por carta fechada el 6 de septiembre de 2005, expresando su decepción por el hecho de que el Grupo de Trabajo hubiera emitido su opinión a pesar de que el asunto aún se estuviera examinando en el ámbito judicial y todavía no se conocieran los resultados de la apelación en Estados Unidos. Al informar de esta respuesta en su informe anual, el Grupo de Trabajo señaló que la doctrina del agotamiento de los recursos judiciales nacionales no era aplicable como criterio de admisibilidad de sus comunicaciones a los gobiernos cuando investigaba un caso de presunta privación de libertad.
1.-Corte de Apelaciones del 11ºCircuito, D. C. Docket No. 98-00721-CR-JAP, 4 de junio de 2008.
2.-Entre los grupos en el exilio vigilados por los agentes había organizaciones extremistas con base en Miami como Alpha 66, sospechosa de planificar y llevar a cabo atentados con explosivos contra objetivos turísticos en Cuba y de organizar envíos de armas a Cuba.
3.-Uno de los tres magistrados de la decisión anterior de la sala se había retirado y había sido sustituido por otro juez (véase la nota 19).
4.-Resolución de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 4 de junio de 2008, pág. 81.
5.-Decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 4 de junio de 2008, pág. 83.
6.-Opinión núm. 19/2005 (Estados Unidos de América), E/CN.4/2006/7/Add.1. En ella, el Grupo de Trabajo expresa su satisfacción por la cooperación del gobierno estadounidense y su diligencia en responder a la denuncia.
7.-E/CN.4/2006/7/Add.1, párr. 31.
8.-Informe anual del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, E/CN.4/2006/7, 12 de diciembre de 2005 (http://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/166/51/pdf/G0516651.pdf…).

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