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Amnistía Internacional: El Caso de los Cinco Cubanos 2da. parte

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ReneGonzález Sehwerert
25 Noviembre 2014 – 7:30am

Resumen de los motivos de preocupación de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la culpabilidad o inocencia de los Cinco de Cuba respecto de los cargos por los que han sido condenados. Pero, tras analizar exhaustivamente el caso a lo largo de varios años, la organización cree que existen graves dudas sobre la justicia e imparcialidad del juicio que no se han resuelto en la apelación.
La preocupación de Amnistía Internacional se basa en una mezcla de factores. Un motivo de preocupación fundamental subyacente que tiene que ver con la imparcialidad es el que suscita la celebración del juicio en Miami, habida cuenta de la hostilidad dominante hacia el gobierno cubano en esa zona y de los actos mediáticos y de otro tipo celebrados durante el juicio y con anterioridad. Existen datos que apuntan a que estos factores hicieron imposible garantizar un jurado totalmente imparcial, pese a los esfuerzos realizados por el magistrado a tal efecto.9El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, y el artículo 14 del PIDCP es fundamental para el derecho a un juicio con las debidas garantías. Para que sea posible garantizar ese derecho, todo juicio no sólo debe ser justo sino que además debe parecerlo.10Como se explica a continuación con más detalle, existen serias dudas de que este principio se haya cumplido en este caso. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que la Corte Suprema declinara oír la apelación sobre éste y otros asuntos clave en la causa a pesar de que la opinión judicial estuvo profundamente dividida en los tribunales inferiores.
Amnistía Internacional comparte asimismo la preocupación del Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de que las condiciones en que se permitió el acceso de los abogados defensores a sus clientes y a las pruebas durante las investigaciones previas al juicio pudieron menoscabar el principio fundamental de la “igualdad de oportunidades” y el derecho de toda persona encausada a las condiciones adecuadas para la preparación de su defensa. Aunque este asunto no fue motivo de apelación,11es uno de los factores que suscitan preocupación por la parcialidad con que los encausados han sido tratados en general.
Otra cuestión que preocupa a Amnistía Internacional es la solidez de las pruebas en que se basó la declaración de culpabilidad de Gerardo Hernández por conspiración para asesinar, asunto que fue motivo de apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos y que ésta declinó examinar. Aunque Amnistía Internacional no está en posición de cuestionar a posteriori los hechos en que el jurado basó su veredicto, considera que hay cuestiones relativas a si el gobierno asumió su obligación de demostrar que Hernández había planeado derribar los aviones de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional, y por tanto en la jurisdicción estadounidense, lo cual era un elemento necesario de la acusación en su contra. Para que un juicio sea justo, una garantía fundamental es la presunción de inocencia de la persona acusada del delito mientras no se demuestren los cargos en su contra fuera de una duda razonable. El Comité de Derechos Humanos de la ONU (órgano encargado de velar por el cumplimiento del PIDCP) ha observado que “en ningún caso cabe desviarse de los principios fundamentales del juicio imparcial, incluida la presunción de inocencia”.12
En vista de estos motivos de preocupación, y de la extensión de las condenas impuestas en caso de agotarse todos los recursos legales de apelación sobre estos asuntos, o de que éstos ofrezcan escasas perspectivas de desagravio, Amnistía Internacional pide al gobierno estadounidense que reexamine el caso y tome las medidas adecuadas para remediar las injusticias que puedan haberse cometido.
9.-En el apartado 2.1 se alude a los esfuerzos de los jueces para constituir un jurado neutral y proteger a sus miembros de la intrusión de los medios de comunicación, entre otras medidas.
10.- Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 32, Artículo 14: El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32 (2007), II, párr. 7.
11.- Sólo un motivo de apelación se refería al acceso a las pruebas, relacionado con una vista preliminar ex parteen la que el fiscal intentó no revelar ciertos documentos en aplicación de la Ley de Procedimiento sobre Información Clasificada. La corte de apelación sostuvo que el tribunal de primera instancia no había errado al celebrar esa vista en aplicación de la citada ley, señalando que toda información no revelada ha de ser sustituida por documentos redactados que la defensa pueda examinar a fin de solicitar otra vista para forzar su revelación si fuera necesario. La acusación no presentó información clasificada como prueba en el juicio.
12.- Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 32 sobre el artículo 14 del PIDCP, I, párr. 6.

Prohibición de visitas a las esposas de dos de los presos
Amnistía Internacional viene expresando desde hace años su preocupación por la negativa del gobierno estadounidense a permitir que las esposas cubanas de Gerardo Hernández y René González los visiten en la cárcel. Adriana Pérez no ve a su esposo, Gerardo Hernández, desde que fue detenido en 1998. Olga Salanueva, esposa de René González, no ha visto al suyo desde la víspera de su juicio en noviembre de 2000. El gobierno estadounidense ha denegado las visitas por razones de seguridad nacional y política exterior, incluido, según informes, el motivo de que ambas mujeres estaban relacionadas con la Red Avispa. Ninguna de las mujeres ha sido acusada de delito alguno en Estados Unidos, y Olga Salanueva, con residencia permanente legítima en Estados Unidos en el momento de la detención de su esposo, continuó residiendo legalmente en ese país durante los dos años y medio que duraron las diligencias previas al juicio contra su marido. Ella asegura que a su esposo le ofrecieron un acuerdo de sentencia por el que a ella le permitirían seguir en Estados Unidos si él se declaraba culpable; él se negó y ella fue expulsada en noviembre de 2000; ahora está clasificada como persona permanentemente no apta para entrar en el país.
Ambas mujeres habían hecho reiteradas peticiones al gobierno estadounidense para obtener un visado temporal que les permitiera visitar a sus esposos, comprometiéndose a someterse a las condiciones de seguridad que fueran necesarias. Las autoridades estadounidenses han denegado sus solicitudes, en ocasiones aduciendo motivos diferentes para negarles el visado, citando artículos de la legislación sobre inmigración, seguridad nacional o protección de las fronteras. No se han dado razones pormenorizadas a ninguna de las mujeres por la denegación constante del visado. En 2002, Adriana Pérez sí consiguió que le concedieran el visado, pero permaneció detenida durante 11 horas en el aeropuerto de Houston, tras de lo cual le fue revocado el visado y se le negó la entrada en Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha reiterado su preocupación al gobierno estadounidense por el hecho de que esta prohibición total –y al parecer permanente– de visitas a estos hombres por parte de sus esposas, sin tener en debida consideración cualquier condición que pudiera hacer posibles tales visitas, conlleva un castigo adicional innecesario y es contraria a las normas internacionales sobre el trato humano a los presos y la obligación de los Estados de proteger la vida familiar. Esto reviste especial preocupación dada la longitud de las condenas impuestas, incluida la doble cadena perpetua dictada en el caso de Gerardo Hernández. Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno que conceda visados temporales a las esposas por motivos humanitarios, en condiciones que satisfagan las exigencias de seguridad. En ocasiones se han concedido visados a otros familiares en Cuba para que visiten a los cinco presos, aunque los informes indican que a veces hubo retrasos o dificultades. Según documentos judiciales, los cinco presentan historiales de conducta ejemplar en prisión.
Motivos de preocupación expresados por otras organizaciones
La petición de un auto de avocación ante la Corte Suprema de Estados Unidos se respaldó con informes de amicus curiae(amigo de la corte) en representación de numerosas organizaciones y particulares, entre ellos 10 personalidades galardonadas con el Nobel, los colegios de abogados de varios países y otros organismos legales, como la Asociación Internacional de Abogados Demócratas, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y las oficinas del Proyecto Nacional de Jurados en California, Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York. La mayoría de los informes de amicus curiae se centraban en los motivos de preocupación relacionados con el derecho de los acusados de un delito a un jurado imparcial y en los efectos perjudiciales del lugar de celebración del juicio a este respecto. Varios de los documentos hacían mención expresa del funcionamiento de grupos anticastristas en Miami en el decenio anterior al juicio y de los numerosos actos hostiles y ataques contra personas y organizaciones consideradas procubanas, así como las presiones sufridas por miembros del jurado en ciertos momentos de las actuaciones.

Fuente: cincoheroes-bounces@listas.cujae.edu.cude parte de»Solidaridad con los CINCO Héroes» <cincoheroes@listas.cujae.edu.cu>

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