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Amnistía Internacional: El Caso de los Cinco Cubanos 3ra. parte

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Prohibición de visitas a las esposas de dos de los presos
Amnistía Internacional viene expresando desde hace años su preocupación por la negativa del gobierno estadounidense a permitir que las esposas cubanas de Gerardo Hernández y René González los visiten en la cárcel. Adriana Pérez no ve a su esposo, Gerardo Hernández, desde que fue detenido en 1998. Olga Salanueva, esposa de René González, no ha visto al suyo desde la víspera de su juicio en noviembre de 2000. El gobierno estadounidense ha denegado las visitas por razones de seguridad nacional y política exterior, incluido, según informes, el motivo de que ambas mujeres estaban relacionadas con la Red Avispa. Ninguna de las mujeres ha sido acusada de delito alguno en Estados Unidos, y Olga Salanueva, con residencia permanente legítima en Estados Unidos en el momento de la detención de su esposo, continuó residiendo legalmente en ese país durante los dos años y medio que duraron las diligencias previas al juicio contra su marido. Ella asegura que a su esposo le ofrecieron un acuerdo de sentencia por el que a ella le permitirían seguir en Estados Unidos si él se declaraba culpable; él se negó y ella fue expulsada en noviembre de 2000; ahora está clasificada como persona permanentemente no apta para entrar en el país.
Ambas mujeres habían hecho reiteradas peticiones al gobierno estadounidense para obtener un visado temporal que les permitiera visitar a sus esposos, comprometiéndose a someterse a las condiciones de seguridad que fueran necesarias. Las autoridades estadounidenses han denegado sus solicitudes, en ocasiones aduciendo motivos diferentes para negarles el visado, citando artículos de la legislación sobre inmigración, seguridad nacional o protección de las fronteras. No se han dado razones pormenorizadas a ninguna de las mujeres por la denegación constante del visado. En 2002, Adriana Pérez sí consiguió que le concedieran el visado, pero permaneció detenida durante 11 horas en el aeropuerto de Houston, tras de lo cual le fue revocado el visado y se le negó la entrada en Estados Unidos.
Amnistía Internacional ha reiterado su preocupación al gobierno estadounidense por el hecho de que esta prohibición total –y al parecer permanente– de visitas a estos hombres por parte de sus esposas, sin tener en debida consideración cualquier condición que pudiera hacer posibles tales visitas, conlleva un castigo adicional innecesario y es contraria a las normas internacionales sobre el trato humano a los presos y la obligación de los Estados de proteger la vida familiar. Esto reviste especial preocupación dada la longitud de las condenas impuestas, incluida la doble cadena perpetua dictada en el caso de Gerardo Hernández. Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno que conceda visados temporales a las esposas por motivos humanitarios, en condiciones que satisfagan las exigencias de seguridad. En ocasiones se han concedido visados a otros familiares en Cuba para que visiten a los cinco presos, aunque los informes indican que a veces hubo retrasos o dificultades. Según documentos judiciales, los cinco presentan historiales de conducta ejemplar en prisión.
Motivos de preocupación expresados por otras organizaciones
La petición de un auto de avocación ante la Corte Suprema de Estados Unidos se respaldó con informes de amicus curiae(amigo de la corte) en representación de numerosas organizaciones y particulares, entre ellos 10 personalidades galardonadas con el Nobel, los colegios de abogados de varios países y otros organismos legales, como la Asociación Internacional de Abogados Demócratas, la Federación Iberoamericana del Ombudsman, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y las oficinas del Proyecto Nacional de Jurados en California, Minnesota, Nueva Jersey y Nueva York. La mayoría de los informes de amicus curiae se centraban en los motivos de preocupación relacionados con el derecho de los acusados de un delito a un jurado imparcial y en los efectos perjudiciales del lugar de celebración del juicio a este respecto. Varios de los documentos hacían mención expresa del funcionamiento de grupos anticastristas en Miami en el decenio anterior al juicio y de los numerosos actos hostiles y ataques contra personas y organizaciones consideradas procubanas, así como las presiones sufridas por miembros del jurado en ciertos momentos de las actuaciones. (Véase infra la decisión de la sala.)

Motivos de preocupación en torno si se celebró un juicio justo
Lugar de celebración del juicio
En Miami se concentra el mayor porcentaje de población cubana en el exilio en Estados Unidos, y no cabe duda de que el juicio se celebró en un lugar donde existe gran hostilidad –incluso excepcional por su carácter generalizado– por parte de la comunidad hacia el gobierno cubano, presidido entonces por Fidel Castro. Había además estrechas conexiones locales con la organización Hermanos al Rescate; la muerte de cuatro de sus miembros era parte fundamental de los argumentos jurídicos de la acusación.13Tanto en el juicio como antes y después, los acusados intentaron que el juicio se trasladara a Fort Lauderdale, a menos de 50 kilómetros, en mociones que fueron denegadas sucesivamente por la corte de primera instancia.
Mociones para el cambio de sede
En la primera moción para cambiar la sede del juicio, presentada en enero de 2000, se presentó como prueba una encuesta que demostraba parcialidad en el lugar del juicio –no sólo entre los residentes hispanos, sino en la comunidad en general– contra cualquier persona presuntamente relacionada con el gobierno cubano. En esta moción se presentaban también pruebas de la profusión de publicidad sobre el caso previa al juicio así como numerosos artículos en los que se documentaban decenios de sentimiento general anticastrista en Miami. Estos últimos describían un historial de violencia y amenazas por parte de grupos anticastristas con base en Miami contra empresas y otros grupos o intereses percibidos como procubanos, lo que, se argumentaba, unido al sentimiento general de la comunidad, podía llevar a los miembros del jurado a sentirse presionados y a ponerse nerviosos por si emitían un veredicto de inocencia. También se mencionaba la repercusión que había tenido en la comunidad el caso de Elián González, que había suscitado protestas generales contra Cuba en los meses previos al juicio.14El gobierno estadounidense respondió que la comunidad de Miami era diversa y heterogénea, e inmune a influencias que pudieran impedir la celebración de un juicio justo.15La corte de primera instancia desestimó las mociones para cambiar la sede del juicio y afirmó que podía eliminar cualquier posibilidad de parcialidad mediante el examen preliminar a los posibles testigos16(voir dire) e instruir cuidadosamente a los miembros del jurado durante el juicio.
Durante el examen preliminar, la defensa ejerció su derecho de recusación sin causa para que ningún estadounidense cubano formara parte del jurado, y se constituyó el jurado definitivo sin objeciones. No obstante, volvieron a presentarse mociones para que se declarase nulo el juicio y en favor del cambio de sede en dos ocasiones durante el juicio, basadas en acontecimientos en el seno la comunidad y en más publicidad sobre la causa una vez iniciado el juicio oral (véase infrala decisión de la sala de tres jueces del 11º circuito). Aunque las mociones fueron denegadas, la jueza de primera instancia tuvo que tomar medidas para proteger a los miembros del jurado del escrutinio injustificado de los medios de comunicación en varias ocasiones. Durante el examen preliminar y el juicio oral, los medios de comunicación grabaron a miembros del jurado o los abordaron, y varios de éstos se quejaron de sentirse presionados, por lo que la jueza modificó sus condiciones para entrar y salir del tribunal. Durante las deliberaciones, de nuevo hubo quejas de miembros del jurado por la intrusión de los medios de comunicación, lo que incluía que los fotografiaran cuando se dirigían a sus vehículos y grabaran sus matrículas; de nuevo la jueza tomó medidas para proteger su intimidad disponiendo su acceso privado al tribunal y el traslado a sus vehículos.
En agosto de 2001, dos meses después de sus condenas, lo acusados solicitaron un nuevo juicio y un cambio de sede en interés de la justicia, argumentando que persistía el temor a posibles prejuicios a pesar de los esfuerzos de la corte de primera instancia por constituir un jurado neutral. Se aseveró que el hecho de que el jurado no hubiera hecho una sola pregunta, y la relativa rapidez de su veredicto –tras sólo cinco días de deliberación después de un juicio largo y complicado–, también indicaban que estaba sujeto a presiones y prejuicios. La corte de primera instancia volvió a denegar las mociones, enumerando las medidas que había adoptado para garantizar un juicio justo.17
En noviembre de 2002, los acusados presentaron otra moción para solicitar un nuevo juicio en interés de la justicia, citando pruebas recién descubiertas. En esta moción se argumentaba, entre otras cosas, que la postura del gobierno de oponerse al cambio de lugar de celebración del juicio era contraria a la que había adoptado posteriormente en la causa Ramírez v. Ashcroft. En esta ocasión se trataba de una acción judicial entablada contra el gobierno estadounidense por un empleado hispano del servicio de inmigración de ese país, quien alegaba que había sido objeto de represalias y actos de intimidación por parte de compañeros de trabajo a causa de la entrega de Elián González a Cuba por parte del gobierno. En documentos judiciales, el gobierno afirmaba que iba a ser “prácticamente imposible garantizar un juicio con las debidas garantías contra los acusados si éste se celebra en el condado de Miami-Dade”,18y sostenía que sería suficiente con trasladar la sede del juicio a la corte divisional de Fort Lauderdale, señalando que todas las manifestaciones en torno al asunto de Elián González habían tenido lugar en Miami y que “trasladando la causa fuera de Miami-Dade se reducen las probabilidades de que surjan […] prejuicios arraigados en la causa”.19
La moción se acompañaba de pruebas como los informes de Human Rights Watch sobre los actos de intimidación y acoso cometidos contra exiliados cubanos en Miami que habían expresado opiniones políticas moderadas sobre Cuba, así como de información procedente de otros dos estudios independientes que apoyaban la conclusión de la encuesta anterior, a saber, que existía en la comunidad una profunda parcialidad en contra de Cuba.20El autor de uno de los estudios concluía que “la posibilidad de seleccionar a doce ciudadanos en el condado de Miami-Dade que puedan ser imparciales en un caso relacionado con agentes del gobierno cubano es prácticamente nula […] incluso si el jurado estuviera compuesto enteramente por no cubanos, como lo estuvo en este caso”.21
La corte de primera instancia denegó la moción al concluir que la situación del caso Ramírez difería de los hechos del caso de los Cinco de Cuba y no constituía una nueva prueba. El tribunal declinó examinar las pruebas presentadas en apoyo de la encuesta original y otras pruebas de la parcialidad contra Cuba en el lugar del juicio por considerar que no se habían presentado a tiempo.
13.- Como se indicaba en la petición del auto de avocación ante la Corte Suprema, se habían erigido monumentos a las víctimas en Miami y se habían puesto sus nombres a calles de la ciudad.
14.- Elián González, niño cubano que, con seis años, fue el único sobreviviente de un grupo de balseros entre los que se encontraba su madre, que murió ahogada cuando intentaba llegar a Estados Unidos en noviembre de 1999. Elián fue rescatado y llevado a Estados Unidos, donde familiares suyos en Miami intentaron conseguir su custodia, pero finalmente fue devuelto a Cuba por el gobierno estadounidense a la custodia de su padre cubano en junio de 2000. En Miami hubo fuertes protestas contra su devolución.
15.- Los argumentos presentados en las mociones para cambiar el lugar del juicio se resumen con detalle en la resolución de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito No. 01-17176, 9 de agosto de 2005 (decisión de la sala), págs. 11-22.
16.- El examen de voir dire en el sistema de justicia estadounidense constituye la fase preliminar del juicio con jurado, en la que los candidatos a formar parte de éste se someten a preguntas de los abogados y el tribunal determina si son aptos. Una persona puede ser descartada “por causa” como la parcialidad; además, se permite a los abogados de ambas partes un número determinado de recusaciones sin causa para descartar a personas como miembros del jurado por cualquier razón, o ninguna.
17.- Éstas eran el examen preliminar voir dire, las medidas destinadas a proteger a los miembros del jurado de la intrusión de los medios de comunicación, las instrucciones a los miembros del jurado para que no leyeran los periódicos, y las instrucciones durante la exposición de las conclusiones. Como observaba en su resolución el pleno de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, el tribunal de primera instancia también había concluido que “un veredicto tan rápido y sin preguntas era, a lo sumo, una prueba especulativa o circunstancial de la posible influencia del lugar de celebración del juicio en el jurado” (decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 9 agosto de 2006, pág. 36).
18.- Decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 9 de agosto de 2005, 68-71, en la que se cita la moción para el cambio de sede del juicio, R15-1636.
19.- Ibíd., p. 71.
20.- El tribunal de primera instancia había considerado que la encuesta original dirigida por el catedrático de la Florida International University, Gary Patrick Moran, presentada como prueba en la moción preliminar para solicitar el cambio de sede, era defectuosa por carecer de rigor científico. Las nuevas pruebas de apoyo incluían una declaración jurada del profesor Moran explicando su investigación, así como otros dos documentos –un estudio y una encuesta– independientes.
21.- Decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 9 de agosto de 2005, p. 74, citando el estudio realizado por Lisandro Pérez, catedrático de Sociología de la Florida International University y director del Instituto de Investigaciones sobre Cuba.

Recursos en relación con el lugar del juicio y motivos de preocupación conexos
Se interpuso recurso de apelación sobre la causa ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito y, en agosto de 2005, una sala de tres jueces resolvió por unanimidad de los acusados no habían sido juzgados con las debidas garantías, basándose en la convergencia de la publicidad previa al juicio y en su transcurso, los prejuicios que permeaban la comunidad y los comentarios inadecuados de la acusación en sus conclusiones. El gobierno apeló y, aunque fuera inusual en una causa en la que la decisión de la sala había sido unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones decidió volver a examinar la apelación.
En una decisión adoptada en agosto de 2006 por una mayoría de diez votos frente a dos, el pleno de la Corte revocó la decisión de la sala, confirmando la decisión del tribunal de primera instancia de denegar las mociones para un cambio de sede y para la celebración de un nuevo juicio.22La mayoría del pleno sostuvo que los esfuerzos del tribunal de primera instancia para constituir un jurado neutral mediante un minucioso examen preliminar y adoptando medidas para proteger a los miembros del jurado de la intrusión de los medios de comunicación, así como instruyendo al jurado (incluso sobre la presunción de inocencia), habían sido suficientes para abordar cualquier alegación de presuntos prejuicios.
Sin embargo, el pleno de la Corte aplicó un criterio de revisión más estricto que la sala, despreciando en gran medida los acontecimientos ajenos al tribunal y sopesando únicamente el valor probatorio de la publicidad referida directamente al proceso contra los cinco. El pleno no tuvo en cuenta las pruebas relacionadas con el sentimiento general anticastrista en la zona de Miami y concluyó que en este caso, en el examen preliminar, las pruebas a las que se sometía a los candidatos a miembros del jurado para determinar la existencia de prejuicios habían sido especialmente exhaustivas, y respetó el criterio de la jueza de primera instancia al evaluar la credibilidad e imparcialidad del jurado. Por el contrario cambio, la sala había tenido en cuenta la “totalidad de las circunstancias “que rodeaban el caso, incluidos los hechos acaecidos dentro y fuera del tribunal. Aunque reconocía los esfuerzos de la jueza de primera instancia por garantizar un jurado imparcial en la causa, la sala había concluido que la probabilidad de formar un jurado de esas características en Miami era “poco razonable”.
Amnistía Internacional ha revisado las sentencias de la corte de apelaciones y la documentación presentada por ambas partes. La organización considera que los asuntos generales examinados por la sala del 11º Circuito plantean dudas inquietantes sobre la imparcialidad que ofrecía la celebración del juicio en Miami; dudas que, en opinión de Amnistía Internacional, no ha disipado la resolución del pleno.
La sala tomó en consideración las pruebas sobre la publicidad previa al juicio y el sentimiento general anticastrista en la comunidad donde debía celebrarse el juicio. Concluyó que la evidencia presentada para respaldar las mociones de cambio de sede había sido “masiva”.23También observó que el examen preliminar demostraba el alcance de la posible parcialidad de los residentes en el lugar del juicio. Muchos de los posibles miembros del jurado tenían vínculos personales con las víctimas de Hermanos al Rescate y dos habían asistido a sus funerales; algunos fueron excluidos por parcialidad evidente, y muchos porque habían expresado temor por su seguridad o su reputación en la comunidad si pronunciaban un veredicto de absolución. Otros dijeron que tenían opiniones negativas sobre Castro y el régimen cubano pero podían dejarlas a un lado; como se indicaría posteriormente en la petición de avocación a la Corte Suprema, tres de estos últimos terminaron formando parte del jurado, y uno de ellos fue el portavoz.
La sala tuvo en cuenta también en su decisión diversos hechos relacionados con los medios de comunicación acaecidos durante el juicio y con anterioridad, entre ellos: la repercusión de la publicidad en torno al caso de Elián González en los meses previos al juicio; la rueda de prensa ofrecida en las escaleras de la sede judicial por familiares de las víctimas de Hermanos al Rescate el primer día del examen preliminar a posibles miembros del jurado; y los “vuelos conmemorativos” y ceremonias públicas que tuvieron lugar durante el propio juicio, el 24 de febrero de 2001, para conmemorar el quinto aniversario del derribo de los aviones de Hermanos al Rescate, junto con informaciones aparecidas en medios de comunicación en relación con los hechos. Aunque la jueza de primera instancia advirtió repetidamente a los miembros del jurado –que volvían a casa cada noche– que no leyeran los periódicos ni vieran los informativos ni hablaran sobre el caso, éstos no estuvieron completamente aislados de los acontecimientos.24Como ya se ha indicado, algunos miembros del jurado se quejaron de sentirse presionados al tener encima las cámaras de televisión en las fases cruciales del proceso, incluido el comienzo de las deliberaciones.
La sala de apelación amplió entonces el alcance de sus consideraciones para examinar si el efecto combinado de la publicidad y las conclusiones de la acusación había “privado a los acusados de un juicio justo”. La sala observó las numerosas declaraciones inadecuadas y engañosas efectuadas por la acusación a lo largo del juicio, especialmente durante la exposición de sus conclusiones, que pudieron influir en el jurado induciéndolo a temer que la absolución de los acusados fuera perjudicial para Estados Unidos o favoreciera a Cuba, o ambas cosas. En algunas de estas declaraciones se afirmaba que los acusados estaban “empeñados en destruir Estados Unidos” o que el gobierno cubano “se jugaba mucho “con el resultado; se hacían alusiones infundadas a la financiación de libros bomba por parte de los acusados; se afirmaba erróneamente que el abogado defensor había dicho que el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate era la “solución final”; y se incidía en que los acusados estaban defendiendo su caso a expensas del contribuyente estadounidense. Aunque la jueza dio validez a la mayoría de las objeciones de la defensa a las conclusiones de la acusación –factor que el pleno de la Corte tuvo en cuenta al resolver que los acusados no habían demostrado un efecto perjudicial–, no dio instrucciones específicas al jurado, y en su recapitulación se limitó a recordar en términos generales que las declaraciones de los abogados no eran pruebas a tener en cuenta. La defensa alegó que eso no era suficiente para reparar cualquier daño causado.25
La sala acordó y concluyó que se imponía la celebración de un nuevo juicio “por la tormenta perfecta creada cuando la ola de intensos sentimientos de la comunidad y la extensa publicidad antes y durante el juicio se fundió con las inadecuadas declaraciones de la Fiscalía”.26
Amnistía Internacional considera que las circunstancias indicadas suscitan importantes dudas acerca de si se ha respetado el principio de que un juicio no sólo debe ser justo sino que debe parecerlo. Según el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Estados Unidos, toda persona “tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley” en la determinación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. El Comité de Derechos Humanos incide en que se trata de “un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna”.27El Comité señala que el requisito de imparcialidad tiene dos aspectos: el primero, que los jueces no deben estar influenciados por sesgos o prejuicios personales ni promover indebidamente los intereses de una de las partes en detrimento de la otra, y el segundo, que “el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable”.28
Amnistía Internacional señala que la solicitud de los acusados para cambiar la sede del juicio era bien modesta: trasladar el juicio a Fort Lauderdale, localidad situada tan sólo a unos 40 kilómetros. La organización no tiene constancia de ningún obstáculo que hubiera impedido trasladar el juicio, lo que acrecienta la preocupación de que podría haberse hecho algo más para garantizar un juicio justo por un jurado imparcial.29Como señalaba el gobierno estadounidense en su petición para cambiar el lugar del juicio en la causa de Ramírez v Ashcroft (ya mencionada), el nivel de prejuicios en la comunidad en torno al caso de Elián González, y al gobierno de Castro, era considerablemente superior en Miami que en Fort Lauderdale. Esta distinción parece igualmente aplicable a los Cinco de Cuba, dada la naturaleza de los cargos formulados contra los acusados, con sus vínculos directos con el gobierno de Castro, y la conexión con Miami de las víctimas de Hermanos al Rescate.
Al revocar la decisión de los tres jueces, el pleno de la Corte de Apelaciones sólo abordó por encima las perjudiciales declaraciones de la acusación, sosteniendo que tenían poca importancia y que en cualquier caso quedaban neutralizadas por las instrucciones de la jueza para que no se tuvieran en cuenta. No obstante, Amnistía Internacional considera que el asunto sigue siendo motivo de preocupación, dado el carácter general de las instrucciones de la jueza a este respecto y el posible efecto negativo en el jurado de los demás factores enumerados. Cabe argumentar que la posibilidad de que el jurado se viera influido por declaraciones incendiarias o perjudiciales en un caso que comporta presuntas violaciones de la seguridad nacional es mayor si, como en el caso que nos ocupa, no se presentaron pruebas que demostraran que se estaba reuniendo o transmitiendo información de alto secreto.
En la solicitud de avocación a la Corte Suprema de Estados Unidos se pedía a la Corte que reexaminara lo que se calificaba de “obstáculos excepcionalmente graves para cambiar la sede del juicio” que había planteado la decisión del pleno de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito en su sentencia de agosto de 2006, y se indicaba que, aunque una mayoría del 11º circuito había aplicado una prueba que exigía a los acusados demostrar que un juicio justo era “imposible”, otros cuatro circuitos habían aplicado otra prueba más indulgente, la de la “probabilidad razonable” de que el acusado pudiera no ser juzgado con las debidas garantías. La solicitud llamaba asimismo la atención sobre la opinión discrepante del juez Birch a la resolución del pleno, según la cual “este caso representa una oportuna ocasión para que la Corte Suprema aclare el derecho de un acusado a un jurado imparcial en la era de la alta tecnología […] y reforme la legislación sobre circuitos judiciales para que se ajuste al precedente de la Corte Suprema”.30
A Amnistía Internacional le preocupa que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera no someter a consideración esta cuestión, en vista de la importancia fundamental del principio sobre juicios justos que comporta.
22.- Decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 9 de agosto de 2006, Causa Núm. 01-17176. El juez Oakes, uno de los tres magistrados que formaban la sala, se había jubilado y había sido sustituido como miembro de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito por el juez Pryor, conservador cuyo nombramiento por el presidente Bush había sido motivo de controversia. Al igual que la resolución de la sala en agosto de 2005, la decisión del pleno de la Corte sólo se refería a la moción para la celebración de un nuevo juicio en otro lugar, dejando los demás asuntos a la consideración de la sala del 11º Circuito.
23.- Decisión de la sala de la Corte de Apelaciones del 11ºCircuito, 9 de agosto de 2005, p. 13.
24.- En un caso apareció en la sala del jurado un artículo publicado por el Miami Herald sobre el caso; el juez no lo consideró razón suficiente para detener el juicio y resolvió que la cuestión no era si los miembros del jurado habían estado expuestos a la publicidad, sino si se habían formado una opinión a partir de ella.
25.- La acusación expuso sus conclusiones después de la defensa, y en esta fase no hubo oportunidad de refutarlas. Un experimentado abogado defensor que representaba a los presos en la apelación contó a Amnistía Internacional que la jueza había concedido validez a 28 de las 31 objeciones de la defensa pero no había dado instrucciones concretas para que el jurado no tuviera en cuenta ninguna de las declaraciones; este abogado afirmó que se había dado a la acusación“un grado de libertad sin precedentes”, y citó otro caso donde se había hecho una declaración parecida sobre los contribuyentes estadounidenses y en el que el juez había paralizado las actuaciones y ordenado expresamente al jurado que no tuviera en cuenta la declaración (conversación con el abogado Leonard Weinglass, noviembre de 2007).
26.- Decisión de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito, 9 de agosto de 2005 (sala), p. 118.
27.- Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 32 sobre el artículo 14 del PIDCP, Doc. ONU CCPR/C/GC/32 (2007), III, párr. 19.
28.- Ibíd., III, párr. 21. El tribunal se refiere tanto al juez como al jurado si lo hay.
29.- Amnistía Internacional señala, en el caso del atentado con explosivos de Oklahoma, la decisión judicial de trasladar el juicio contra Timothy McVeigh a casi 2.000 kilómetros del lugar, a Denver (Colorado).
30.- El juez Birch, apoyado por la jueza Kravitz, adjuntó una opinión discrepante de 50 páginas a la resolución del pleno en 2006, en la que reiteraba los motivos de preocupación de la sala sobre las pruebas que evidenciaban los prejuicios imperantes en la comunidad, unas pruebas que en la opinión del pleno se habían omitido y que, en opinión del juez, eran “fundamentales para entender la intensa presión de la comunidad en este caso”, especialmente tratándose de un caso que afectaba a agentes reconocidos del gobierno de Castro (Corte de Apelaciones del 11º Circuito, Núm. 01-17176, 9 de agosto de 2006, p. 70).

Fuente: cincoheroes-bounces@listas.cujae.edu.cude parte de»Solidaridad con los CINCO Héroes» <cincoheroes@listas.cujae.edu.cu>

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