Este 10 de diciembre Cuba arriba al Día Internacional de los Derechos Humanos con nuevos jalones traspasados en ese campo, y un laborioso proceso en ejecución y fragua para ir por más en las conquistas de una Revolución que, desde el primer día, empezó a cumplir programas por la equidad y la más plena justicia social, como una cuestión esencial de principios.

No son meras palabras y eso lo sabe de primera mano el pueblo de la isla antillana y el mundo, donde se han reconocido los esfuerzos y la impronta cubana en la lucha por salvaguardar la dignidad de mujeres y hombres, desde que nacen hasta el fin, sin importar color de la piel, ni credo político o religioso.

Un interés basado en una legislación precisa y contundente que en Cuba tuvo antecedentes gloriosos en la manigua redentora, la cual se transforma y se mejora para bien cada cierto tiempo, por las exigencias de la vida y las características de la nueva sociedad.

Los organismos competentes que trabajan en ello están en estrecha comunión y consulta popular, tanto en su tierra natal como dentro cuerpos internacionales –la ONU y la OIT, por ejemplo- y con movimientos progresistas y solidarios con distintas naciones del planeta. La nación marcha con los tiempos y valores.

En cuanto a lo que se conoce como derechos humanos básicos o universales, de acuerdo con Naciones Unidas, hay mucho orgullo por la obra ejecutada, que pone el listón más alto para metas superiores. Y eso es tan real como las palmas, el sol y la bandera cubana que ondea soberana.

«La Revolución Cubana se puede sintetizar como una aspiración de justicia social dentro de la más plena libertad y el más absoluto respeto a los derechos humanos», dijo el líder Fidel Castro en fecha muy temprana, el 21 de enero de 1959, en los albores del triunfo.

Desde el cumplimiento ingente del Programa del Moncada, el histórico plan justiciero enunciado por Fidel en su autodefensa en 1953, hasta los días corrientes, la nación que construye el socialismo realizó una profunda y avanzada Reforma Agraria, descomunal Campaña de Alfabetización y sembró el país de maestros, escuelas de todos los tipos de enseñanza y pedagógicas, para garantizar la continuidad y el relevo.

Otro aspecto representaba uno de los problemas más álgidos y dolorosos: el estado de la salud pública cubana, cuyos escasos recursos a merced de la corrupción y la desidia de gobernantes daba como resultado la exclusión de cientos de miles de personas a la salud y a la vida, uno de los más sagrados derechos humanos.

A todos los cambios viscerales que empezó a ejecutar la Revolución en la salud se sumaron medidas equitativas en cuanto al derecho de hombres y mujeres al trabajo digno, la obtención de una vivienda digna y otras medidas de reforma urbana, servicios de electricidad, así como en áreas de la cultura y el fomento del desarrollo de la economía nacional, básicamente monoproductora y dependiente de los designios de Estados Unidos.

Ese esfuerzo que significó también la inclusión del sector cultural, tan decisivo en el destino espiritual de la nación, fue realizado desde los comienzos en medio de agresiones y ataques organizados desde EE.UU., a lo que se sumó desde febrero de 1962 el bloqueo económico impuesto por esa potencia imperial, vigente y todavía más abarcador hoy día.

Recrudecido con saña por más de 240 medidas impuestas por el expresidente Donald Trump, ese cerco es considerado por el planeta la más flagrante violación a los derechos humanos de una nación, y un acto genocida e ilegal que daña sensiblemente el nivel de vida de su pueblo, pero no hará mella, sino todo lo contrario, a la decisión de preservar su soberanía y continuar por el camino elegido.

En ese entorno crucial la vida actual de los connacionales se enriquece por el esfuerzo de sus hijos para construir una sociedad próspera, justa, democrática y sostenible. Y tan libre como hace más de 60 años empezó a serlo.

Con verdadera convicción los cubanos hacen suyo el pensamiento de José Martí: «Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».

El presente de los patriotas verdaderos va más allá del cumplimiento de los imprescindibles derechos básicos. Estos días de cierre de un año arduo por las duras contingencias de la pandemia, con el alivio que la campaña de vacunación masiva ha dado al país, también sorprende a los compatriotas afanados en el perfeccionamiento y aprobación de leyes emanadas de la Constitución instaurada en 2019.

Es así como la sociedad ha estado inmersa en la discusión y análisis de una profunda reforma judicial y procesal, que perfeccionará y modernizará el derecho procesal cubano, y en estudios similares del Anteproyecto del Código de las Familias, todos a sancionar en fecha no lejana, con la característica de que el segundo será sancionado tras una nueva consulta popular.

Tanto la realización de procesos acuciosos, especializados y democráticos que ha servido de antesala, como la misma aprobación final de tales cuerpos legislativos por parte del organismo competente significarán un enriquecimiento de la democracia socialista cubana y del respeto a los derechos humanos en el país, de larga tradición desde 1959.

Cuba acumula también una loable cooperación con mecanismos e instituciones internacionales, en su mayoría auspiciadas por Naciones Unidas y la Organización Mundial del Trabajo (OIT), afín a temas preponderantes y muy específicos para un mayor ejercicio de la libertad y de los derechos humanos tanto dentro del país como en el orbe.

La nación es Estado parte en 44 de esos instrumentos. Una experiencia y un acervo útil a la humanidad ha nacido de esa práctica que implica la adhesión a convenios y convenciones. Entre estos los que garantizan el derecho al trabajo, la prohibición de la discriminación racial, y las leyes que condenan igualmente la discriminación de la mujer, el trabajo infantil y la trata de personas.

A lo interno, es bueno subrayar que la Constitución de la República reconoce la igualdad de todos los ciudadanos y la prohibición de la discriminación. El Código Penal sanciona todo tipo de discriminación.

Entre los instrumentos internacionales la Antilla Mayor constituye parte de la convención que combate al terrorismo en general y el terrorismo nuclear, también el convenio que establece la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como las desapariciones forzadas.

El país se suma a los esfuerzos mundiales para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; lo relativo a los derechos de asociación y de coalición de los trabajadores agrícolas, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y de negociación colectiva.

De gran relevancia es su adhesión a las Convenciones para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sobre los derechos del niño y al Protocolo Facultativo de la Convención del Niño, relativo a la participación de infantes en los conflictos armados.

Imposible reflejar en este espacio, con toda su riqueza, la obra humanista de la Revolución cubana; resumimos diciendo que los esfuerzos en Cuba en torno a la defensa de los derechos humanos seguirán en marcha junto a la lucha librada en esta tierra por la vida plena, en paz y dichosa. Nadie más que el pueblo decidirá su destino. (Martha Gómez Ferrals, ACN)