En Cuba, la soberanía alimentaria constituye una prioridad de la política social. Incluso en las condiciones de mayores restricciones económicas, se garantiza a la totalidad de las familias un nivel de alimentación a precios asequibles, de acuerdo con las disponibilidades totales de productos alimenticios y teniendo en cuenta los requerimientos nutricionales de grupos vulnerables (niños y niñas, adultos mayores, gestantes y enfermos crónicos).
El pasado mes de febrero, Cuba presentó un proyecto de ley de soberanía alimentaria que busca aumentar la producción agrícola y reducir la dependencia de las importaciones para garantizar los derechos a una alimentación sana y adecuada de la población.
De acuerdo con Mayra Cruz, directora jurídica del Ministerio de Agricultura, por primera vez se realiza un marco normativo que implica a todos los actores que intervienen en la producción de alimentos, pero que sitúa a los territorios como el escenario fundamental de las acciones.
En el encuentro con la prensa, que tuvo lugar en la sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Cruz destacó que este proyecto de ley está incluido en el cronograma legislativo del Parlamento para su aprobación en abril próximo y permitirá disponer de una normativa que integre lo regulado en este ámbito.
La ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional define nuevas estructuras de trabajo y se refiere a temas como la inocuidad de los alimentos, la inversión extranjera, la comunicación y educación nutricional y la agroecología entre otros temas, que anteriormente presentaban una dispersión jurídica.
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